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Los cobardes que ahora usan whatsapp

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Los cobardes que ahora usan whatsapp

Cinco demorados por las amenazas contra referentes de derechos humanos y sociales. Uno de los demorados es policía federal. La investigación avanzó de la mano del fiscal Ponce Asahad. Varios allanamientos.

Un efectivo de la Policía Federal es una de las cinco personas demoradas ayer en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Ponce Asahad por las amenazas que sufrieron cientos de referentes de derechos humanos y sociales. El hostigamiento fue a través de Whatsapp, modalidad que recrudeció después de la marcha del 24 de marzo. El fiscal ordenó ayer tres allanamientos que se realizaron en Blanco Escalada al 2600, pasaje Gould al 800 y Marco Polo al 400. Por la tarde en tanto  se detuvo en el partido de 3 de Febrero al policía Lucas S. y en

Ensenada a Teresa C. Para el fiscal Gustavo Ponce Asahad “la dicotomía en los discursos de quienes tienen grandes responsabilidades gubernamentales, como así también la banalidad con la algunos medios abordan el tema de los Derechos Humanos, sumado también a una mano de obra que cada vez es mayor, influyan en que estos episodios se estén produciendo y reiterando”, agregó. De las tres personas demoradas en Rosario, dos son mujeres y el restante un hombre. La justicia los identificó como Lisandro C. (detenido en allanamiento de calle Blanco Escalada); Beatriz L. (detenida en allanamiento de calle Pasaje Gould al 800) y Candela (detenida en allanamiento de calle Marco Polo al 400). Todos fueron fichados y se evaluará su situación procesal en el trascurso del día al completar las medidas en curso. En los tres domicilios allanados se secuestró material informático, celulares, notebook, CPU y pen drivers que serán enviados a peritar.

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El fiscal Ponce Asahad ordenó los operativos luego de analizar la portabilidad numérica, titularidad de líneas y posicionamiento geográfico de antenas de los teléfonos de donde provenían las amenazas.  “Son amenazas importantes, graves, en algunos casos son amenazas de muerte. Por ello consideramos desde el Ministerio Público que esto reviste gravedad institucional”, explicó que también confirmó que entre los amenazados se encuentra el fiscal federal Adolfo Villate y el secretario de uno de los juzgados federales que tiene a su cargo causas por delitos de lesa humanidad.

A través de teléfonos celulares que van cambiando, crean grupos de Whatsapp, que superan los dos centenares de contactos, con los números de querellantes y víctimas de la dictadura, concejales, diputados, funcionarios, gremialistas, referentes estudiantiles para hostigarlos y amedrentarlos. Los grupos tienen nombres como “muerte a Milagro Sala”, “El Tucu vive”, en referencia a Eduardo Costanzo, y en los últimos días se agregó “Zitelli vive” por el sacerdote que murió el viernes y que debía enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad. En esa aplicación de mensajería se lanzan amenazas como “están todos secuestrados”, “disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”. Ponce Asahad confio que “creíamos que estas situaciones ya habían sido superadas en la historia argentina pero evidentemente vuelven a la carga y al ataque, a las amenazas, al amedrentamiento, no solamente desde lo escrito, sino también con la publicación de fotos de la vida familiar de cada uno de estos dirigentes. Hay una cuestión de mucho seguimiento, de una inteligencia determinada. Pero nos preocupa sobremanera que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país después de que la República se haya erigido como abanderada en materia de Derechos Humanos y sea reconocida por ello internacionalmente”, expresó el fiscal.

La denuncia fue presentada el miércoles 28 de marzo por el Espacio Juicio y Castigo, luego de que unos 300 referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas, legisladores nacionales, provinciales y locales, recibieran hostigamientos y amenazas vía WhatsApp. “Están todos secuestrados”, “Disfruten sus últimas horas libres” o “Prepárense para ser raptados”, fueron algunos de los escritos.

“Hay una serie de números identificados, con titulares identificados”, advirtió Ponce Asahad. En definitiva, se trata de 15 personas que podrían ser detenidas. El fiscal dijo ayer a este diario que todavía se estaba procesando el material logrado de la investigación, para avanzar en los próximos pasos.

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Fuente: Rosario12

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